El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como la práctica totalidad de los principales servicios de espionaje europeos, traslada periódicamente a la Agencia Nacional de Inteligencia estadounidense (NSA, en sus siglas en inglés) grandes cantidades de metadatos personales —origen y destino de llamadas telefónicas, hora y duración de las mismas, localización de los interlocutores— que esta última procesa, según confirmaron EL PAÍS distintas fuentes conocedoras de dicha colaboración.
El director de la NSA, el general Keith Alexander, dijo el martes en el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense que se habían malinterpretado los documentos filtrados por el exanalista Edward Snowden y que los millones de metadatos referidos a Francia y España (70 y 60 millones de registros, respectivamente, solo en un mes) no habían sido recopilados por su agencia sino por “servicios amigos”, en alusión al CNI español y a la DGSE francesa.
“En términos generales se suministra información de los entornos donde los norteamericanos tienen menos presencia y eso es fuera pero también dentro de España”, asegura Luis de la Corte, que dirige en la Universidad Autónoma de Madrid el área de estudios estratégicos de inteligencia. “Eso abarca áreas geográficas y también grandes empresas españolas que, por razones obvias, son más proclives a cooperar con servicios de su propio país que no con otros extranjeros”, añade el profesor. No cita a ninguna empresa, pero otras fuentes sostienen que el CNI mantiene con las compañías españolas de telecomunicaciones una relación similar a la de la NSA con Google o Facebook.
Jean-Charles Brisard, experto en terrorismo que fue contratado por víctimas del 11-S en EE UU para llevar a cabo su propia investigación sobre aquel atentado, señala que los servicios de espionaje europeos entregan grandes bloques de metadatos a la poderosa agencia estadounidense dedicada al control global de las comunicaciones.
“La colaboración entre agencias de inteligencia se asemeja a la del sistema SWIFT [la red internacional de transacciones financieras con sede en Bruselas]”, prosigue Brisard. “Los datos de estas operaciones se trasladan masivamente al Departamento del Tesoro de EE UU, que tiene capacidad para procesarlos y detectar las operaciones sospechosas”, afirma.
“Los europeos poseen capacidades de interceptación no muy alejadas de las que tienen los estadounidenses, pero en cambio no disponen de los mismos medios para procesarla”, continúa Brisard. “De ahí que les trasladen el material en bruto para su criba”, concluye.
El general Félix Sanz Roldán, director del CNI, aseguró tajante el pasado martes: “Trabajamos siempre dentro de la ley”. El servicio secreto español cuenta con un magistrado adscrito del Tribunal Supremo que debe autorizar las entradas en domicilio y las intervenciones telefónicas, pero también la recopilación de metadatos de llamadas, SMS y correos electrónicos.
La cuestión central es si estas actividades, que vulneran el derecho a la intimidad de los ciudadanos y la privacidad de las comunicaciones en España, se efectúan o no bajo control judicial. Según los expertos consultados, la legislación española parte de la base de que la suspensión de derechos solo puede ser motivada e individual y nunca masiva e indiscriminada. Es decir, un juez no puede autorizar que se pinche el cable submarino Columbus III que une Sicilia con Florida pasando por Conil (Cádiz) y por el que circulan millones de comunicaciones.
La alternativa es que esos datos se captaran fuera de España, en áreas como el Sahel o Afganistán, donde el CNI y la NSA colaboran. Sanz Roldán comparecerá en el Congreso para explicarlo, probablemente el próximo miércoles, pero lo hará en la Comisión de Secretos Oficiales, a puerta cerrada.
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