Nunca desde que en 1767 empezaron a registrarse los datos meteorológicos en Reino Unido se había dado un mes de enero tan lluvioso como el de este año. Ahora, las tormentas de agua y viento se han transformado en tormenta política para el primer ministro. David Cameron se ve señalado por quienes denuncian la lentitud con la que ha reaccionado el Gobierno en un país en el que hay zonas que están inundadas desde hace semanas y por quienes creen que la situación se ha visto agravada por la falta de medios que tienen las autoridades locales y las agencias medioambientales debido a la implacable política de ajuste del gasto público puesta en marcha por Cameron desde que llegó a Downing Street en 2010.
Las inundaciones son muy dañinas para el Gobierno porque se dan en zonas de voto mayoritariamente conservador y liberal-demócrata. Zonas rurales del sudoeste que se quejan amargamente de que si el problema se hubiera dado en Londres u otras zonas urbanas, el Gobierno habría reaccionado con más celeridad.
El sentimiento de agravio comparativo se ha realzado con la visita del príncipe Carlos de Inglaterra el martes a los llamados Somerset Levels, donde el agua está estancada desde hace semanas en algunas zonas y parte de la población ha quedado aislada y a merced del transporte en bote. Carlos, siempre sensible a los problemas de las zonas rurales, ha parecido hurgar aún más en la herida política al lamentar con sarcasmo en una conversación con unos vecinos grabada por una televisión: “No hay nada como un fantástico desastre para que la gente empiece a hacer algo. La tragedia es que no se haya hecho nada durante tanto tiempo”.
Necesitado de mostrarse activo, el primer ministro presidió ayer la reunión de Cobra, el organismo interministerial que coordina la acción del Gobierno y sus instrumentos en casos de emergencia. Pero el heredero parecía referirse no solo a la tardanza del Gobierno en reaccionar, sino a la política medioambiental de los últimos años. Ya a principios de enero los Comunes advirtieron sobre el impacto de los recortes presupuestarios, que han supuesto una reducción del 36% en el gasto del Departamento de Medio Ambiente desde 2010. El ajuste se va a prolongar en los próximos años y significará la pérdida adicional de 1.700 empleos en la Agencia de Medio Ambiente.
Los habitantes de las zonas afectadas se quejan de que esos recortes han impedido que se levanten suficientes barreras anti-inundaciones en los márgenes de los ríos. Y han abierto también un acalorado debate sobre si hay que dragar o no los ríos para aumentar su caudal máximo y acelerar su vaciado en época de inundaciones. Es un debate que afecta al dinero —dragar los ríos es muy caro— pero también a cuestiones de doctrina conservacionista: los ecologistas tienen a oponerse al dragado por entender que es dañino para el lecho de los ríos y a largo plazo acaba provocando más inundaciones. Pero en las zonas afectadas sostienen que la falta de dragado ha reducido la capacidad de los ríos y estos se desbordan con más facilidad.
A las inundaciones se unió este miércoles el día caótico que vivió Londres debido a una huelga de metro que ha afectado a millones de viajeros. La huelga ha reducido en un 70% el servicio, según los sindicatos, aunque la empresa asegura que operaron trenes en ocho de las 11 líneas de la red.
Detrás del paro palpitan los problemas financieros provocados por la política de ajuste de la coalición de conservadores y liberales-demócratas que gobierna Reino Unido. Pero el problema principal es que la compañía quiere cerrar casi todas las taquillas de la red con el argumento de que las tarjetas magnéticas que ahora hacen las veces de billete las han convertido en un servicio innecesario. Transport for London, la compañía gestora del metro, quiere ahorrarse así 950 empleos, lo que permitiría reducir los gastos en 60 millones de euros al año y poner en el mercado como espacios comerciales las áreas ahora usadas para la venta de billetes.
La huelga, dos días esta semana y otros dos la próxima, estuvo rodeada de una inusitada tensión política, con los sindicatos acusando al alcalde conservador, Boris Johnson, de negarse a negociar; los laboristas lamentando esa falta de diálogo y los conservadores amenazando con convertir el metro de Londres en un servicio esencial, lo que obligaría a una detallada negociación sobre servicios mínimos antes de poder llevar a cabo una huelga. El alcalde ha llegado a sugerir que se modifique también la ley, de forma que una huelga tenga que ser aprobada por al menos un 50% de los trabajadores. Algo que haría imposible la elección de cargos políticos si se esa norma se aplicara a ese tipo de comicios.
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