La Asamblea Constituyente de Egipto se dispone a realizar esta tarde a votación final sobre el borrador de la nueva Carta Magna. En su sesión del sábado, el comité aprobó 138 de los 246 artículos que tendrá el texto constitucional, que posteriormente deberá ser ratificado en referéndum. Esta es el segundo proyecto constitucional del Egipto posrevolucionario, y llega después cuatro meses después del golpe de Estado que depuso al presidente islamista Mohamed Morsi, y suspendió la Constitución del 2012.
Entre los principales cambios de la nueva Constitución figura la eliminación de los artículos de corte ideológico islamista. Así pues, se recupera la “sharia” o ley islámica presente en la Constitución de 1971, como “principal base” del orden jurídico. La Constitución aprobada por las fuerzas islamistas abría la puerta a una aplicación más estricta de la “sharía”, y atribuía su interpretación a la institución teológica de Al Azhar y no al Tribunal Constitucional.
La Asamblea Constituyente, formada por 50 personas, incluía tan solo dos representantes del islamismo político, y ninguno de ellos miembro de los Hermanos Musulmanes, el movimiento político del expresidente Morsi. Tras el golpe, las autoridades han lanzado una dura campaña de represión contra la Hermandad, a la que acusan de ser un “grupo terrorista”. El hecho de que el nuevo borrador prohíba los partidos “de base religiosa” podría servir de fundamento para excluir de manera defenitiva los partidos islamistas del sistema político.
Entre los capítulos aprobados el sábado, destaca el dedicado a las libertades individuales. Según los expertos en derecho constitucional, la nueva Constitución incluye más derechos y ofrece un lenguaje más garantista que la del 2012, pero se encuentra aún lejos de ser suficiente. “En varios artículos, se incluye la coletilla “este derecho será regulado de acuerdo con la ley”, lo que en el pasado ha servido para introducir restricciones muy importantes”, apunta Zaid Ali, especializado en las constituciones de países en transición. De hecho, la aprobación de la nueva y restrictiva ley de manifestaciones sugiere que estos derechos podrían convertirse en papel mojado tan pronto como entren en vigor.
En la sesión del domingo, la Asamblea deberá votar algunos de los capítulos más controvertidos, como los referidos al rol del ejército. Una de las principales innovaciones del texto es que otorga al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas el derecho de veto al nombramiento del ministro de Defensa durante los próximos ocho años. “Esto significa que el ejército será un Estado dentro del Estado”, sostiene Gamal Eid, responsable de una ONG de derechos humanos.
Asimismo, el borrador recoge la posibilidad de que los civiles sean juzgados ante tribunales militares, uno de los grandes caballos de batalla de los activistas revolucionarios. Para que estos artículos sean aprobados, necesitarán superar un umbral mínimo de consenso del 75%. “La Constitución es heredera de la misma filosofía que las de 1971, y de 2012, y otorga un gran poder y autonomía a las instituciones estatales, como el Ejército, la polícía o la judicatura”, añade Ali.
El presidente del comité, Amr Musa, defendió el texto y subrayó como su gran éxito la atención dedicada a la justicia social: “Si tuviera que poner un título para describir esta Constitución, sería la “Constitución de la justicia social”, pues incluye 45 artículos que garantizan los derechos de los trabajadores y los campesines”. En este apartado, la Constitución obliga a gasta un mínimo del 3% de su presupuesto en Sanidad, y un 4% en Educación.
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