Las autoridades ucranias y los líderes de la oposición parlamentaria preparaban este lunes sus estrategias para la crucial sesión de la Rada Suprema que se celebra este martes. Las medidas que el Legislativo adopte ante la crisis indicarán si las instituciones del Estado avanzan hacia el compromiso o, si por el contrario, propician una nueva escalada del conflicto que dura más de dos meses en este país de 45 millones de habitantes.
El presidente, Víctor Yanukóvich, y su equipo se reunieron el lunes por la tarde con los líderes de la oposición parlamentaria, Vitali Klichkó, Arseni Yatseniuk y Oleg Tiagnibok. En la reunión, la cuarta de la serie iniciada la semana pasada, participaba la ministra de Justicia, Elena Lúkash, que la víspera había amenazado con exigir el estado de excepción si los activistas del grupo Spilna Sprava no desalojaban las dependencias de su ministerio ocupadas el domingo por la noche. Oleksandr Daniliuk, el coordinador de Spilna Sprava, que ocupó también el ministerio de Desarrollo Agrícola, accedió a marcharse del ministerio de Justicia a instancias de los los servicios de orden y seguridad del Euromaidán.
Distanciándose de los radicales, Stepan Kibiv, del partido de la ex primera ministra encarcelada Yulia Timoshenko, llamó “provocadores” a los activistas de Daniliuk, porque su comportamiento puede ser utilizado para legalizar el estado de excepción. También el partido nacionalista Libertad se distanció de los radicales de Daniliuk. El diputado Igor Shvayka distinguió entre la permanencia en la sede de los sindicatos, basada en un acuerdo con éstos, y la ocupación de ministerios.
El Gobierno de Ucrania no se planea por ahora introducir el estado de excepción, según dijo el ministro de Exteriores Leonid Kozhara. Ante los corresponsales extranjeros, el ministro explicó que declarar el estado de excepción es un procedimiento que lleva tiempo y calificó de “dinámicas” las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición. El jefe de la diplomacia ucrania consideró también que, de momento, “no hay necesidad” de una mediación internacional. El comisario europeo Stepan Füle, responsable de la política de vecindad y de las negociaciones del fallido acuerdo de asociación con la UE, decidió, no obstante, el lunes por la mañana volver a Kiev, donde estuvo la semana pasada.
Ante los diputados de la Rada se abre un amplio temario. La oposición quiere el cese del Gobierno, la amnistía para todos los detenidos en los disturbios callejeros, la abolición de las llamadas “leyes dictatoriales” del 16 de enero, una nueva Constitución que restablezca el sistema presidencial-parlamentario de 2004 (la actual es presidencialista) y elecciones presidenciales anticipadas. El Partido de las Regiones (PR), mayoritario, aborda este temario con matices y condiciones. Kozhara mencionó la amnistía y los cambios constitucionales, así como la negociación sobre la composición de la comisión electoral central y la enmienda de las leyes del 16 de enero “que son criticadas en Ucrania y en el extranjero”.
Entre unos y otros hay divergencias de puntos de vista en los temas a abordar, así por ejemplo, la oposición pide la anulación de las “leyes dictatoriales”, pero en el partido de las Regiones se habla más bien de “enmendarlas”. Refiriéndose a la situación en la calle, Kozhara admitió que ésta “ha empeorado en los últimos días” y distinguió entre los manifestantes de orientación “pacífica” y “extremista”. El ministro afirmó que los servicios de Seguridad han “detectado actividades sospechosas” en torno a las centrales nucleares de Ucrania y advirtió de los peligros generalizados que entrañaría “cualquier ataque a instalaciones energéticas”.
El gabinete que dirige Mikola Azárov se reunió en sesión cerrada el lunes para escuchar el informe del ministerio de Interior sobre la situación en el país y, tras esa reunión, el jefe de prensa del primer ministro negó que se hubiera tratado sobre la posibilidad de declarar el estado de excepción. Sin embargo, el servicio de internet del semanario Zérkalo Nedelii informó, citando fuentes gubernamentales, que el Consejo de Ministros prepara en el más estricto secreto un documento para declararlo.
Al margen de que se apruebe o no el estado de excepción, señala Zérkalo Nedelii, el Gabinete aprobó incrementar hasta 30.000 personas los efectivos de las unidades de intervención especial, Grifon y Verkut, que cuentan ahora con 5.000 personas. El margen de maniobra de la oposición y del partido gubernamental es limitado.
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