Mohamed Morsi, expresidente islamista egipcio depuesto por un golpe de Estado militar el pasado mes de julio, ha comparecido esta mañana ante un tribunal egipcio acusado, junto con otros 14 líderes islamistas, de incitar al asesinato de sus destractores en unos altercados que tuvieron lugar en dicembre del 2012. El juicio al primer presidente elegido democráticamente en la historia de Egipto levanta de nuevo temores de que se produzcan nuevas oleadas de movilizaciones que degeneren otra vez en violencia.
Morsi, que ha estado detenido en un lugar secreto desde el golpe de Estado, ha sido trasladado en helicóptero hasta la academia de policía de El Cairo, donde se celebra el juicio. El resto de acusados han sido llevados en coche hasta el lugar del juicio durante las horas de toque de queda, según ha informado el jefe de seguridad de la capital. Los cargos a los que se enfrenta pueden llevarle a una condena a muerte o cadena perpetua.
Las autoridades han extremado las medidas de seguridad, y unos 20,000 efectivos de la policía y el ejército han sido desplegados en los aledaños del tribunal para protegerlo de posibles ataques. La coalición de partidos favorables al expresidente ha convocado protestas multitudinarias, por lo que se teme una nueva jornada marcada por la violencia. De hecho, muchas empresas han dado el día libre a sus empleados.
Esta es la segunda vez en apenas dos años que se juzga Egipto juzga a un ex presidente depuesto. Los paralelismos con el proceso a Hosni Mubarak son numerosos, pues incluso comparten una misma sede : la Academia de Policía de El Cairo, situada en las afueras de la capital. Este ha sido un cambio de última hora, ya que estaba previsto que el juicio tuviera lugar cerca de la prisión de Tora. A diferencia del primer proceso a Mubarak, que está siendo repetido al ser anulado, este no será retransmitido en directo por la televisión nacional .
A Morsi se le ha acusado de incitar al asesinato de sus opositores y de promover actos de violencia. A su lado en la jaula de los acusados, se sentarán otros 14 líderes islamistas, varios de ellos líderes de los Hermanos Musulmanes, como Essam al Erian o Mohamed Beltagy. En caso de ser declarados culpables, todos ellos se enfrentan a una posible condena de pena de muerte o de cadena perpetua .
Las cargos contra Morsi hacen referencia a los hechos ocurridos la noche del 4 de diciembre de 2012, cuando murieron ocho personas en altercados entre partidarios y detractores del rais frente al Palacio de Ittihadiya. Según la fiscalía, Morsi habría ordenado a sus seguidores que dispersaran por la fuerza una sentada de protesta contra la controvertida declaración constitucional que firmó unos días antes. Aparte de estas acusaciones, el expresidente está siendo investigado por espionaje y por el secuestro y asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad .
A falta de unas pocas horas del inicio del juicio, aún no se sabe a ciencia cierta si Morsi asistirá a la vista, aunque algunas filtraciones a la prensa local apuntaban que sería trasladado en helicóptero a la Academia de Policía. De ser así, esta sería su primera aparición pública tras el golpe de Estado, ya que ha sido retenido un paradero desconocido durante estos más de tres meses.
La coalición de partidos antigolpe, liderada por los Hermanos Musulmanes, han calificado el juicio de "ilegal " y de "farsa" , y ha convocado a sus seguidores a una nueva jornada de movilizaciones . "Lo que está pasando es una violación flagrante de todas la normas y reglas”, declaró la coalición en un mensaje colgado en su página de Facebook, en el que aseguraba que sus protestas “serán más fuertes que las balas”. Como muestra también de su rechazo a la legalidad del juicio , la familia del ex presidente no asistirá a la sesión.
Tras el golpe, Egipto cuenta con gobierno civil interino sobre el que los generales ejercen una gran influencia. Las nuevas autoridades insisten en que su hoja de ruta pasa por la aprobación de nueva Constitución democrática y la celebración de elecciones libres. Sin embargo, los Hermanos Musulmanes rechazan una nueva legalidad que califican de “golpista”. Sus periódicas manifestaciones a menudo terminan en enfrentamientos con la policía. Se calcula que desde el 3 de julio , han muerto más de 1,000 personas en actos de violencia política.
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