España es una base de operaciones sucias de la CIA hasta ahora sin consecuencias para los espías que operan aquí en secreto, cometiendo delitos y burlando la ley, según aseguran las fuentes consultadas entre la policía y los jueces españoles. Los 13 agentes de la Agencia Central de Inteligencia implicados en el secuestro del ciudadano alemán Jaled el Masri, de origen libanés, pueden respirar tranquilos. Su caso, después de varios años de investigación judicial, está a punto de archivarse.
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota acaba de solicitar el archivo provisional de la causa al no acreditar la identidad de los agentes secretos. En su escrito afirma que los informes de las fuerzas de seguridad españolas “no aportan ningún dato” sobre quiénes eran los 13 espías que a bordo de un avión de la CIA —en el que permaneció secuestrado El Masri— hicieron escala en enero de 2004 en Palma de Mallorca. Todos exhibieron pasaportes falsos y telefonearon desde el hotel Marriott Son Antem a sus familias a direcciones a tiro de piedra del cuartel general de la CIA en Langley, en el Estado norteamericano de Virginia.
El fiscal había solicitado en 2010 al juez Ismael Moreno el arresto de los 13 espías, pero ahora señala que del resultado de las diligencias practicadas “no puede inferirse con las garantías que exige una resolución judicial de detención la verdadera identidad de los autores de los hechos”. Mota pide el archivo provisional, pero reclama que se ordene a las fuerzas de seguridad que den cuenta al juzgado de la información que llegue a su conocimiento de las personas que utilizaron los pasaportes falsos y acuerde su puesta a disposición de la justicia “en el caso de ser encontrados”.
La petición de Mota es un brindis al sol porque tras años de supuestas pesquisas la Comisaría General de Información contestó así al juzgado: “Las diligencias de verificación de las tripulaciones y habilitación de pilotos han resultado negativas”. La policía no informó al juez sobre qué diligencias han practicado. Fuentes judiciales señalan que el juez Ismael Moreno archivará el caso.
Las operaciones inconfesables de la CIA, con la inestimable ayuda de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que interviene millones de llamadas telefónicas en Europa, no se limitan a Afganistán, Pakistán, Yemen o Somalia. España es base de operaciones sucias e ilegales en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Agentes de la CIA o la NSA se mueven por todo el territorio con documentación falsa y sin informar al Gobierno desde que, tras los atentados del 11-S, se inició la guerra sucia contra el terrorismo islamista ordenada por la Administración de George W. Bush, según reconocen a EL PAÍS fuentes policiales y judiciales. Alrededor de una docena residen en España con pasaporte diplomático, aunque la mayoría utilizan sus bases aquí para operaciones de tránsito. “Con Obama todo sigue igual. No tienen fronteras. No hay aliados ni amigos que valgan. Hay más casos de los que ustedes conocen. Se tapan para que no lleguen a los juzgados”, reconoce un mando de la lucha antiterrorista.
Los 13 agentes de la CIA que se pasearon por España con total libertad trasladaron a El Masri a una cárcel de Kabul donde sufrió toda clase de torturas. Fue liberado en Albania en mayo de 2004 al comprobar que nada tenía que ver con Al Qaeda. “Mi cliente no puede reconocer el avión ni a la tripulación porque una venda le tapaba los ojos”, dice su abogado.
Las escalas de varios vuelos civiles de la CIA en diferentes aeropuertos españoles coincidieron con el secuestro en Europa de personas inocentes sospechosas de militar en Al Qaeda. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asegura desconocer que estos vuelos civiles los operaba la CIA. ¿Se le escapó al servicio secreto que 13 presuntos agentes extranjeros se paseaban con documentos falsos por aeropuertos españoles?
Los presuntos espías de la CIA que recalaron en Mallorca no comunicaron a ninguna autoridad su presencia en España ni solicitaron autorización para utilizar identidades supuestas. El artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ampara la figura del agente encubierto y establece sus obligaciones y límites. Los jueces tienen que dar su consentimiento. El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez lo explica así: “En general actúan con autorización aunque estiran el chicle. Les ponemos un policía o un guardia civil para que controle sus actividades, para que fiscalice y evite que hagan nada ilegal. Les explican cómo y hasta dónde pueden actuar aquí”. “La gente de la DEA nos ha dejado con el culo al aire en varias ocasiones y encima nos tratan con cierta displicencia”, se queja el juez Guillermo Ruiz Polanco.
La guerra sucia se libra en el terreno, pero también en las ondas. Y España ocupa un lugar de extraordinario interés para EE UU como puerta de entrada de Europa a África y por la creciente presencia de Al Qaeda en ese continente. Desde los noventa y bajo el paraguas de Echelon (Sistema de Inteligencia de Señales SIGINT) se interceptan millones de llamadas a través de una red de satélites conectados con bases terrestres, ordenadores en red y cables submarinos. La NSA es el principal contribuyente de la red.
¿Dónde están las estaciones de escucha? En la Embajada de EE UU en la calle Serrano de Madrid, en el Consulado de Barcelona y en barcos civiles con bandera USA atracados en varios puertos españoles, según asegura una fuente de la inteligencia española. La base de Rota (Cádiz) cuenta, también, con una estación de escuchas, pero para uso militar. En sus cuarteles acoge a marines de la Flota de Seguridad y Antiterrorismo (FAST, en sus siglas en inglés) que protegen las embajadas de EE UU en todo el mundo. Rota, entre otras misiones, es la base europea de estos hombres con una misión sin fronteras que se resume en su logo: Anytime, Anyplace (en cualquier momento, en cualquier lugar).
Al frente de estas bases secretas con cobertura diplomática trabajan agentes del Servicio Especial de Captación (SCS) que integran agentes de la CIA y la NSA, todos con pasaporte diplomático. Fuentes españolas afirman que el mayor desarrollo de las escuchas y operaciones ilegales en España tuvo lugar durante la etapa en la que Randall Benett, agente especial del FBI experto en Al Qaeda, y William Cachinero, agente secreto, estuvieron al frente de la seguridad de la Embajada en Madrid.
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