Una agencia federal independiente ha concluido que la recolección indiscriminada de datos sobre llamadas telefónicas realizada por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, siglas en inglés) es ilegal y debería concluir. Según la Comisión de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles (PCLOB, siglas en inglés), creada por el Congreso de EE UU en 2007, el programa de espionaje ha mostrado tener un beneficio “mínimo” en la lucha contra el terrorismo y presenta graves amenazas para la privacidad y las libertades civiles.
El informe se hará público esta tarde en Washington y varios medios han tenido ya acceso a él, entre ellos el diario The New York Times y la agencia Associated Press. Las conclusiones –recogidas en 238 páginas- no harán si no avivar el debate sobre el espionaje y pondrán de manifiesto que el discurso pronunciado la semana pasada por el presidente Barack Obama no cierra un capítulo que ha provocado controversia mundial. El presidente anunció el pasado viernes una reforma del espionaje norteamericano que ejecuta un peligroso equilibrio en el intento de conciliar la protección de la seguridad y los intereses nacionales de EEUU con el derecho a la privacidad recogido en las Cuarta y Quinta Enmienda constitucionales.
El plan de Obama no acaba con los programas de espionaje sino que persigue la progresiva eliminación del almacenamiento masivo de datos telefónicos y la prohibición de la vigilancia de las comunicaciones de los jefes de Estado y Gobiernos de países aliados.
La Administración de Obama ha definido como útiles los programa de recolección de datos pero el informe de la Comisión de Supervisión critica con dureza el aspecto más controvertido del programa de espionaje, el conocido como Sección 215 de la Ley Patriota, promulgada tras los ataques terroristas del 11-S, y que permite que la NSA recolecte los meta datos de las llamadas, que incluyen fecha, números y duración, pero no el contenido de las conversaciones.
Las recomendaciones de la Comisión son incluso más radicales que una propueste similar que presentó otro panel de expertos en diciembre. Entonces, el Grupo de Revisión de Inteligencia y Tecnologías de las Comunicaciones recomendó a la Casa Blanca que restringiera la vigilancia telefónica a operaciones limitadas que requieran una orden judicial.
El programa “carece de base legal viable bajo la Sección 215, implica preocupaciones constitucionales bajo la Cuarta y Quinta enmiendas, presenta amenazas graves para la privacidad y las libertades civiles y ha mostrado un valor limitado”, se lee en el informe que se hará público hoy. “Como resultado, esta Comisión recomienda que el Gobierno ponga fin al programa”, concluye.
La Comisión, institucionalizada por ley en 2007 tras su creación en 2004 como recomendación del informe del 11-S, está compuesta por cinco miembros, dos de los cuales –abogados del Departamento de Justicia durante el Gobierno de George W. Bush- disintieron de la opinión mayoritaria de que los programas de espionaje son ilegales. La comisión de expertos sí tuvo una posición unánime en 10 recomendaciones, que rebaja de cinco a tres años tras su obtención la eliminación de los registros telefónicos.
El programa se puso en marcha a finales de 2001, tras los ataques de Al Qaeda del 11-S y después de que George W. Bush anunciara que EEUU estaba en guerra contra el terrorismo, lo que le dotó de poderes especiales para tiempos de guerra. En el año 2006, la Casa Blanca de Bush logró la autorización legal para poner en marcha los programas, que luego fueron acogidos por la de Obama. A principios del verano pasado, el exanalista de la NSA removía los cimientos del espionaje de EE UU tras filtrar de forma masiva los programas de inteligencia del Gobierno norteamericano.
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